Competencias y funciones

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, las Autoridades Portuarias son organismos públicos de los previstos en el apartado 6 del artículo 6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar, y se regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

A la Autoridad Portuaria de Avilés, dentro de su ámbito portuario, le corresponden las siguientes competencias:

1. La prestación de los servicios portuarios generales y la autorización y control de los servicios portuarios básicos para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades.
2. La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación con las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
3. La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto, y el de las señales marítimas que tengan encomendadas, con sujeción a lo establecido en esta Ley.
4. La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que le sea adscrito.
5. La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los recursos que tengan asignados.
6. El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario.
7. La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario.

Para el desarrollo de esas competencias, tiene encomendadas una serie de funciones enumeradas en el Real Decreto Legislativo 2/2011, entre las que destacan la aprobación de las tarifas de los servicios que se presten directamente, el otorgamiento de concesiones y autorizaciones de usos de dominio público portuario, la suscripción de contratos de prestación de servicios portuarios y la gestión de su política de gestión comercial.